La relación entre el artículo 222 (Peligro de entorpecimiento) con los artículos 80 inc. k), 210, 218 y 310 constituye el sistema de protección de la integridad de la prueba y de los sujetos procesales frente a conductas obstructivas del imputado, articulando los riesgos, las herramientas para mitigarlos y las consecuencias finales.
Esta explicación integrada se desarrolla bajo los siguientes ejes:
- Identificación del Riesgo (Art. 222): El peligro de entorpecimiento se define por la existencia de indicios de que el imputado buscará destruir, ocultar o falsificar pruebas, hostigar a la víctima o testigos, o influir en peritos para que informen falsamente. También contempla el intento de asegurar el provecho del delito o la continuidad de su ejecución.
- Herramientas de Mitigación (Art. 210): El catálogo de medidas de coerción del artículo 210 provee las soluciones graduales para neutralizar los riesgos detectados bajo el artículo 222. Por ejemplo, para evitar el hostigamiento o amenaza a testigos (Art. 222 inc. c), se puede imponer la prohibición de comunicarse o acercarse a determinadas personas (Art. 210 inc. f).
- La Prisión Preventiva como Última Ratio (Art. 218): El dictado de la prisión preventiva (Art. 210 inc. k) procede específicamente cuando los criterios de peligro de entorpecimiento del artículo 222 hacen que las otras diez medidas alternativas resulten insuficientes para asegurar la averiguación de la verdad.
- Legitimación para el Control del Riesgo (Art. 80 inc. k): La víctima tiene el derecho de participar en el proceso en calidad de querellante. Esta facultad es esencial para la operatividad del sistema, ya que le permite solicitar activamente al juez la imposición de las medidas del artículo 210 para protegerse de las amenazas u hostigamientos descritos en el artículo 222.
- Consumación de la Pérdida del Provecho (Art. 310): Dado que el peligro de entorpecimiento incluye la sospecha de que el imputado intentará asegurar el beneficio económico del hecho (Art. 222 inc. b), el decomiso previsto en el artículo 310 actúa como la resolución final de la sentencia para privar definitivamente al condenado de las cosas o ganancias que son producto del delito.