La relación entre los artículos 232, 22 y 111 del Código Procesal Penal Federal (CPPF) define la función del juez durante la etapa preparatoria como un garante de derechos que debe buscar la pacificación social mediante procedimientos orales y debidamente motivados.
Esta integración se articula a través de los siguientes tres ejes:
- La Función de Control y Garantía (Art. 232): El artículo 232 establece que la misión central del juez en la etapa preparatoria es controlar el cumplimiento de los principios y garantías procesales. A diferencia del modelo inquisitivo, el juez aquí interviene solo a petición de parte para resolver excepciones, ordenar anticipos de prueba o dar curso a solicitudes propias de esta fase, actuando como un árbitro neutral que vela por la legalidad del proceso.
- La Orientación hacia la Solución del Conflicto (Art. 22): Al ejercer la actuación jurisdiccional que le confiere el artículo 232, el magistrado debe estar guiado por el principio del artículo 22, que impone el deber de procurar resolver el conflicto surgido del hecho punible. Esta norma obliga a los jueces a preferir soluciones que apunten al restablecimiento de la armonía entre los protagonistas y a la paz social, lo que otorga una finalidad humana y restaurativa a sus decisiones durante la investigación.
- El Estándar de la Decisión Judicial (Art. 111): El artículo 232 ordena expresamente que el juez resuelva los planteos en audiencia conforme a los principios del artículo 111. Esto garantiza que las resoluciones se adopten bajo los estándares del sistema acusatorio:
- Audiencia pública y debate: Las decisiones que requieran prueba o discusión deben tomarse en audiencias que respeten la oralidad, contradicción, publicidad e inmediación.
- Deber de Motivación: Según el artículo 111, el juez debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho de su decisión, quedando prohibido reemplazar esta obligación con afirmaciones dogmáticas o simples relatos de documentos.
- Limitación Judicial: El juez debe sujetarse estrictamente a lo discutido por las partes y no puede suplir su actividad.
En resumen, el artículo 232 provee la facultad de intervención, el artículo 22 define el objetivo de armonía social que debe perseguir esa intervención, y el artículo 111 establece el marco de transparencia y fundamentación oral bajo el cual debe dictarse la resolución.