La relación entre el artículo 364 (Doble conforme) y los artículos 352, 353, 355 y 359 del Código Procesal Penal Federal configura una garantía esencial para el imputado, asegurando que toda primera condena —incluso si ocurre en una instancia de revisión— sea revisable por un tribunal superior.
Esta integración se explica a través de la siguiente dinámica procesal:
- El presupuesto de la sentencia absolutoria (Art. 359): El sistema comienza con una sentencia que absuelve al imputado. Esta sentencia puede ser cuestionada por los acusadores únicamente bajo los motivos técnicos del artículo 359, que incluyen la inobservancia de los derechos de la víctima, la errónea aplicación de la ley o la falta de motivación suficiente.
- La legitimación de los acusadores (Arts. 353 y 355): Para que el mecanismo del doble conforme se active, es necesario que los acusadores ejerzan su derecho a recurrir la absolución. El artículo 353 otorga esta facultad al querellante, mientras que el artículo 355 inciso b se la reconoce al representante del Ministerio Público Fiscal.
- La decisión «adversa» en la revisión (Art. 364): Si el tribunal de revisión, tras procesar la impugnación del fiscal o la querella, decide revocar la absolución y dictar una condena, se produce una situación «adversa para el imputado». En este escenario, el imputado se encuentra por primera vez con una sentencia condenatoria dictada por un tribunal de alzada, sin haber tenido la oportunidad de que esa condena específica sea revisada por un órgano superior.
- La activación de la garantía del «Doble Conforme» (Arts. 364 y 352): Ante esta nueva condena, el artículo 364 habilita expresamente al imputado a solicitar su revisión. Esta norma operativiza el derecho general del imputado a impugnar una sentencia condenatoria y la pena impuesto consagrado en el artículo 352 inciso a. El objetivo es evitar que una persona quede condenada definitivamente sin que al menos dos tribunales distintos hayan coincidido en su culpabilidad (el «doble conforme»).
- Resguardo del derecho a recurrir (Art. 21): Esta arquitectura normativa garantiza la eficacia del artículo 21, que establece que toda persona tiene derecho a recurrir la sanción penal ante otro juez o tribunal con facultades amplias. Al permitir que el imputado impugne la condena dictada por el tribunal de revisión, el código asegura que la garantía de la doble instancia no se pierda cuando el resultado favorable del juicio oral es revertido en la etapa de control.
En conclusión, el artículo 364 actúa como una válvula de seguridad: si los acusadores (Arts. 353 y 355) logran anular una absolución (Art. 359) para obtener una condena en la alzada, el imputado recupera su legitimación (Art. 352) para exigir que un nuevo tribunal superior verifique la legalidad y justicia de esa primera sanción impuesta.