La relación entre el artículo 63 y el artículo 129 del Código Procesal Penal Federal configura un sistema de protección de la garantía de imparcialidad, vinculando la conducta del juez con la validez de los actos procesales que este realiza.
Esta explicación integrada se desarrolla a través de los siguientes ejes operativos:
1. La Remisión Expresa y el Control de la Imparcialidad
El artículo 63 establece que, una vez producida la excusación o aceptada la recusación, el juez queda inhibido de realizar cualquier acto en el proceso. Para asegurar que esta prohibición se cumpla, la norma advierte que el juez que omita apartarse ante un motivo fundado incurre en falta grave, y remite expresamente a la aplicación del artículo 129 para determinar el destino de sus actos.
2. La Invalidez de los Actos como Sanción Procesal
El artículo 129 actúa como la consecuencia jurídica de la infracción mencionada en el artículo 63. Según esta norma:
- Inobservancia de garantías: Los actos cumplidos por un juez que debió apartarse (violando la garantía de imparcialidad e independencia del artículo 8) no podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuesto de ella.
- Afectación a las partes: La invalidez también se activa si la intervención del juez impedido obsta al ejercicio del derecho a la tutela judicial de la víctima o impide los deberes del Ministerio Público Fiscal.
3. Finalidad del Binomio Normativo
La integración de ambos artículos busca evitar que la justicia sea administrada por un magistrado sobre el cual recaiga una sospecha seria de parcialidad. Mientras el artículo 63 impone el deber de apartamiento y la sanción administrativa (mal desempeño) para el juez, el artículo 129 garantiza la integridad del proceso, anulando la eficacia de cualquier resolución o actuación realizada por el juez en infracción a las reglas de recusación y excusación.
En resumen, la relación entre estas normas asegura que, si un juez actúa fuera de sus facultades por haber perdido su aptitud jurisdiccional (Art. 63), sus actos carezcan de valor legal por violar los principios fundamentales del debido proceso (Art. 129).