El artículo 210 del CPPF se ubica dentro del sistema de medidas de coerción personal y cumple una función articuladora, ya que regula los presupuestos materiales que habilitan la imposición de la prisión preventiva, exigiendo la concurrencia de peligro real de fuga o de entorpecimiento de la investigación, conforme a los principios generales del Código. Su contenido no puede comprenderse de manera aislada, sino en relación directa con las normas que lo preceden y lo complementan. En este sentido, el artículo 209 establece el principio de excepcionalidad de la prisión preventiva, disponiendo que la libertad durante el proceso es la regla y que toda restricción debe fundarse en razones estrictamente necesarias; el artículo 210 desarrolla ese principio al precisar cuándo esa excepción resulta jurídicamente admisible, delimitando de manera concreta los supuestos que permiten privar cautelarmente de la libertad al imputado.
A su vez, el artículo 212 se vincula funcionalmente con el artículo 210 al regular la revisión de la medida de coerción, garantizando que la prisión preventiva dispuesta sobre la base de los presupuestos del artículo 210 no se mantenga de forma automática ni indefinida, sino que sea objeto de control judicial periódico, verificando la subsistencia actual de los riesgos procesales que la justificaron. De este modo, el artículo 210 fija las condiciones de procedencia, mientras que el artículo 212 asegura su control dinámico.
La relación con los artículos 218 y 219 se da en el plano de la alternatividad de las medidas. Estas normas regulan la caución y sus distintas modalidades, configurándola como una medida menos gravosa que la prisión preventiva. En consecuencia, el artículo 210 debe interpretarse conjuntamente con estas disposiciones, ya que aun cuando existan riesgos procesales, el juez debe evaluar si esos peligros pueden neutralizarse mediante caución u otras medidas sustitutivas, respetando los principios de proporcionalidad y mínima intervención.
Por su parte, los artículos 221 y 222 completan el sistema al regular la cesación, sustitución o modificación de la prisión preventiva. Estas normas se apoyan directamente en el artículo 210, dado que la desaparición o atenuación de los riesgos de fuga o de entorpecimiento —que constituyen el núcleo del artículo 210— obliga al juez a disponer la libertad del imputado o a reemplazar la prisión preventiva por una medida menos restrictiva. Así, el artículo 210 no solo fundamenta la imposición inicial de la medida, sino que también funciona como parámetro permanente para evaluar su continuidad o su levantamiento.
En síntesis, el artículo 210 CPPF define los presupuestos materiales de la prisión preventiva; el artículo 209 establece su carácter excepcional; el artículo 212 garantiza su revisión; los artículos 218 y 219 introducen alternativas menos gravosas como la caución; y los artículos 221 y 222 aseguran su cesación o sustitución cuando cesan los riesgos procesales. En conjunto, estas normas conforman un sistema coherente y garantista, orientado a compatibilizar la eficacia del proceso penal con la protección de la libertad personal.