La relación entre estos artículos establece el régimen procesal para la obtención y resguardo del testimonio de personas que se encuentran fuera del territorio nacional, integrando las obligaciones generales del testigo con los mecanismos de cooperación y las garantías de preservación de prueba.
Esta explicación integrada se desarrolla bajo los siguientes ejes:
1. El Deber de Atender al Llamado de la Justicia (Arts. 161 y 162)
El artículo 161 establece la regla general de que, durante la investigación preparatoria, los testigos están obligados a prestar declaración, debiendo el fiscal exigirles juramento o promesa de decir verdad. Cuando el testigo reside fuera del país, el artículo 162 operacionaliza este deber remitiendo a las normas nacionales e internacionales de cooperación judicial.
- Bajo el principio de desformalización del artículo 161, el fiscal debe garantizar el contenido de la declaración, mientras que el artículo 162 permite que el interrogatorio sea realizado, según la naturaleza del acto, por un representante consular, diplomático, un juez o un fiscal.
2. El Riesgo de Incomparecencia y el Anticipo de Prueba (Arts. 262 y 162)
Dada la distancia geográfica y las dificultades logísticas, el testimonio de un residente en el extranjero suele encuadrar en los supuestos del artículo 262 (Anticipo jurisdiccional de prueba).
- Específicamente, el artículo 262 inciso b) autoriza este procedimiento excepcional cuando se trata de una declaración que probablemente no pudiera recibirse durante el juicio oral.
- Al tramitarse la declaración del residente en el extranjero (Art. 162) como un anticipo de prueba, el juez debe admitir el pedido en audiencia y ordenar su realización con la citación de todas las partes para asegurar el control de la defensa.
3. Validez y Conservación de la Evidencia (Arts. 161, 162 y 262)
El sistema asegura que la información obtenida en el exterior no pierda valor por el transcurso del tiempo:
- El fiscal debe informar al testigo sobre su obligación de comparecer en la audiencia de juicio oral (Art. 161), pero si se prevé que esto no será posible, se recurre al canal del artículo 162.
- Una vez realizada la diligencia bajo las reglas del anticipo de prueba (Art. 262), el resultado debe documentarse en acta u otro medio idóneo y quedar bajo la custodia del fiscal, quien es el responsable legal de su conservación inalterada para que pueda ser utilizada válidamente en la etapa de juicio.
En conclusión, el artículo 162 provee el canal diplomático y técnico para alcanzar al testigo en el exterior, el artículo 161 fija los deberes éticos y legales del declarante, y el artículo 262 brinda el blindaje procesal necesario para que esa declaración tenga valor probatorio ante la probable imposibilidad de que el testigo viaje para el debate oral.